Notilara
El Sindicato Unitario del Magisterio del estado Lara (Sumalara) denunció que más de 7.200 trabajadores jubilados del sector educativo, entre docentes, personal administrativo y obrero, llevan más de un año esperando el pago de sus prestaciones sociales. Pese a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), el Ministerio de Educación no ha cumplido con la obligación legal de cancelar los montos correspondientes.
Un retraso que golpea la economía familiar
El licenciado Ricardo Rojas, miembro de la dirección de Sumalara, explicó que en julio de 2024, cuando se decretó la jubilación masiva, el dólar oficial se cotizaba en 36,60 bolívares. Actualmente, supera los 179,43 bolívares, lo que implica una depreciación de casi cinco veces en el valor de las prestaciones acumuladas.
«Los trabajadores han visto cómo sus prestaciones se han reducido drásticamente debido a la inflación y a la inoperatividad del Ministerio de Educación», señaló Rojas.
Obligacion legal incumplida
Según los artículos 141 y 142 de la LOTTT, el Estado debe cancelar las prestaciones en un lapso máximo de cinco días hábiles tras la jubilación del trabajador. Sin embargo, han transcurrido 15 meses sin que se haya efectuado ningún pago, lo que constituye un incumplimiento legal y constitucional.
Rojas enfatizó que además del pago, los trabajadores tienen derecho a recibir los intereses generados por mora, tal como lo establece la ley.
El rol del poder judicial
El sindicato exige al tribunal contencioso administrativo que actúe como órgano garante de justicia y ordene de inmediato el cumplimiento de la normativa laboral.
«Ha sido tanta la irresponsabilidad de los funcionarios que han dejado transcurrir quince meses sin respuesta, afectando a miles de padres y madres de familia. Esperamos que la justicia prevalezca y se respeten los derechos irrenunciables de los trabajadores», declaró el representante sindical.
La lucha por un derecho constitucional
El caso de los educadores jubilados en Lara refleja una realidad que también afecta a trabajadores de otros estados del país, quienes dependen de sus prestaciones para sostenerse en medio de la crisis económica.
Sumalara reitera que no se trata de una dádiva, sino de un derecho adquirido y protegido por la Constitución y la LOTTT, por lo que instan a las autoridades a resolver de manera inmediata el reclamo.
