Notilara
Un amplio operativo de inspección desplegado en Barquisimeto dejó al descubierto un alto número de irregularidades administrativas en establecimientos comerciales de cinco parroquias del municipio Iribarren. La acción fue ejecutada como respuesta directa a las reiteradas denuncias ciudadanas por el aumento sostenido de los precios de los alimentos y productos básicos.
El procedimiento contó con la participación conjunta del Servicio Municipal de Administración Tributaria (Semat), la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y la Policía Municipal de Iribarren, quienes verificaron el cumplimiento de licencias, permisos y deberes formales en zonas estratégicas de la ciudad.
Concepción encabezó la lista de irregularidades detectadas
Según información oficial, la parroquia Concepción, considerada el principal eje comercial de Barquisimeto, concentró el mayor número de faltas. En este sector, 18 establecimientos presentaron incumplimientos relacionados con deberes tributarios y documentación fiscal incompleta.
En las parroquias El Cují y Tamaca, los inspectores detectaron que al menos nueve locales operaban sin licencia de funcionamiento, una falta considerada grave dentro de las ordenanzas municipales. Mientras tanto, en la parroquia Unión, otros ocho contribuyentes fueron citados por no contar con permisos actualizados.
Zonas periféricas también bajo observación
El operativo no se limitó al casco central. En sectores rurales y periféricos como Agüedo Felipe Alvarado, siete comercios fueron señalados por mantener permisos vencidos. A su vez, en la parroquia Ana Soto se identificaron tres locales adicionales con situaciones administrativas irregulares.
En total, 45 propietarios de establecimientos comerciales deberán acudir a la sede del Semat para regularizar su situación legal y evitar sanciones mayores.
Autoridades advierten sobre sanciones y control de precios
Aunque la fiscalización tuvo como detonante el incremento del costo de la vida, las autoridades indicaron que la jornada permitió evidenciar un panorama más amplio de informalidad administrativa. Los comerciantes citados podrían enfrentar multas y otras sanciones tributarias conforme a la normativa vigente.
Asimismo, los organismos involucrados evaluarán cómo estas irregularidades inciden en la cadena de distribución y en la formación de precios en la región, con el objetivo de reforzar los controles y proteger a los consumidores.
