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Los trabajadores del sector eléctrico en el estado Lara elevaron sus reclamos por la pérdida de derechos laborales fundamentales, la precariedad salarial y la falta de garantías sindicales que, según sus representantes, afectan no solo a los empleados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) sino a la clase trabajadora venezolana en general. La denuncia fue formulada este martes por Oswaldo Méndez, secretario general de los trabajadores eléctricos de Lara, quien enfatizó la urgencia de una reinstitucionalización laboral que respete la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los trabajadores.
Derechos laborales en retroceso: libertad sindical y representación
Méndez expuso que, antes de la debacle salarial que ha marcado los últimos años, los trabajadores ya habían sido despojados de derechos fundamentales, entre ellos la libertad sindical y el derecho a elegir a sus representantes. Señaló que reclamos legítimos realizados hace más de año y medio fueron posteriormente ilegalizados, lo que considera una violación directa de los derechos establecidos en la Constitución y en normas laborales vigentes.
La situación coincide con un contexto más amplio en Venezuela, donde organizaciones como Provea han denunciado que el país atraviesa el período más largo sin aumento del salario mínimo en casi tres décadas, manteniéndose sin ajustes desde marzo de 2022, con el salario y las pensiones “anclados” y sin capacidad real de cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
Méndez advirtió que esta pérdida de derechos no solo afecta a los trabajadores activos, sino también a más de 4,5 millones de pensionados, quienes, al depender de “bonificaciones” en lugar de pensiones suficientes, enfrentan condiciones de vida precarias. Esta situación es vista por sindicalistas como una desnaturalización del sistema salarial y de protección social, al desvincular los ingresos de la real capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Despidos y jubilaciones sin protección
Además del retroceso en derechos, el dirigente sindical denunció que en Lara existen más de 300 trabajadores eléctricos despedidos injustificadamente, con casos que han sido ganados en tribunales e inspectorías de trabajo, pero cuyos resultados no han sido acatados por Corpoelec. Méndez también indicó que casi mil jubilados del sector en la región —y alrededor de 16.000 a nivel nacional— dependen de pagos bonificados, en lugar de pensiones efectivas, lo que deja a miles de familias en una situación de inseguridad económica.
Según los propios testimonios sindicales, los ingresos de los trabajadores eléctricos están conformados en más de un 99 % por bonificaciones, mientras que el salario base oficial apenas alcanza entre 1 y 1,5 dólares mensuales, lo que demuestra la insuficiencia estructural de los salarios frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Este fenómeno no es aislado del sector eléctrico. A nivel nacional, el salario mínimo venezolano se ha mantenido prácticamente congelado durante años, obligando al Ejecutivo a recurrir a bonos paliativos que no se incorporan al cálculo de beneficios laborales ni contribuyen a la estabilidad financiera de los trabajadores.
El papel de la contratación colectiva y la negociación salarial
Méndez también criticó la ausencia de mecanismos de discusión salarial y de contratación colectiva efectivos. Afirmó que desde hace más de cinco años no se discuten convenios colectivos, una herramienta clave para regular salarios, condiciones de trabajo, beneficios y pasivos laborales acumulados.
Cuestionó además los llamados a mesas de trabajo bajo el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalando que solo se ha invitado a cuatro centrales sindicales, excluyendo a otras organizaciones y, en muchos casos, a las bases laborales reales, lo que limita la representatividad y la legitimidad de tales espacios de diálogo.
El dirigente insistió en que la fijación del salario mínimo debe surgir de una consulta amplia y pública, tal como establece la Constitución, y que cualquier proceso de ajuste salarial debe garantizar que los ingresos cubran la canasta básica familiar, algo que actualmente está lejos de realizarse en la práctica.
Fondos de jubilación y recuperación de beneficios
Otro punto clave de las exigencias sindicales es la recuperación de los fondos de pensiones y jubilaciones de Corpoelec, eliminados en 2018. Méndez explicó que estos fondos, que antiguamente eran autosustentables, reducían la carga financiera del Estado y garantizaban un nivel de vida digno para los jubilados del sector.
La eliminación de estas reservas ha generado un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores retirados, quienes ahora dependen de beneficios mínimos y suelen quedar excluidos de políticas de protección social más amplias.
Un llamado a la democracia y al respeto constitucional
Méndez concluyó su intervención afirmando que la restitución de derechos laborales, la eliminación de la bonificación como eje central del ingreso y el regreso a la contratación colectiva solo serán posibles en un marco de democracia y respeto a la Constitución. Reiteró que cualquier proceso de transición, diálogo o negociación debe colocar a los trabajadores en el centro de las decisiones económicas y sociales del país, enfatizando que sin libertad sindical y derechos laborales plenos no puede hablarse de justicia social.
Este reclamo se produce en un contexto más amplio de presión social en Venezuela, donde sindicatos y organizaciones civiles han insistido en la necesidad de respetar la libertad sindical, la negociación colectiva y la reconstrucción del ingreso, como pilares para la recuperación del tejido laboral en medio de la crisis económica.
