Notilara
La cifra de ciudadanos larenses detenidos por motivos políticos continúa en aumento, según denuncias recientes de organizaciones no gubernamentales, partidos de oposición y familiares de los afectados. De acuerdo con los reportes, al menos 12 personas originarias del estado Lara permanecen privadas de libertad, bajo acusaciones de terrorismo o conspiración, en procedimientos señalados por la sociedad civil como arbitrarios y violatorios de los derechos humanos.
Las denuncias provienen de diversas organizaciones, entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el movimiento Madres en Defensa de la Verdad, quienes exigen la liberación inmediata de los detenidos.
Denuncian detenciones arbitrarias y violaciones constitucionales
Según las ONG, los detenidos enfrentan acusaciones graves sin pruebas concretas, además de limitaciones en su derecho a la defensa. A varios se les ha negado la asistencia de sus abogados y se les prohíbe recibir visitas de familiares o allegados.
Las organizaciones apelan al artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sin orden judicial, excepto que sea sorprendida in fraganti en la comisión de un delito”.
A pesar de ese mandato constitucional, los familiares afirman que muchos de los procedimientos se realizaron sin órdenes judiciales, de madrugada y con uso excesivo de la fuerza.
Casos emblemáticos de larenses detenidos
Henry Alviárez
El abogado Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, es uno de los detenidos más antiguos. Fue arrestado el 20 de marzo de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Posteriormente, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que Alviárez había sido denunciado por un ciudadano identificado como Emil Brandt, quien lo acusó de participar en supuestos planes de desestabilización durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Diliángela Guédez
Diliángela Guédez, madre de dos niñas y activista política desde 2013, fue detenida el 25 de julio de 2024 en su vivienda en Cabudare. Guédez participaba como movilizadora electoral y contaba con credenciales como testigo de mesa. Su familia denuncia que no ha podido comunicarse con ella ni conocer su estado de salud.
Endrick Medina
El abogado Endrick Medina, exdirector de gobierno de la alcaldía del municipio Torres, fue detenido por el Sebin el 8 de agosto de 2024 mientras caminaba por la avenida Francisco de Miranda, en Carora. Los funcionarios alegaron cumplir una “orden de Caracas”, sin presentar documentos oficiales.
Juan Diego Lucena
Juan Diego Lucena, dirigente juvenil de Vente Venezuela en el municipio Andrés Eloy Blanco, fue arrestado el 21 de agosto de 2024. Desde entonces, se desconoce el lugar de su reclusión.
Gabriel Rodríguez
Con tan solo 16 años de edad, Gabriel Rodríguez fue detenido el 9 de enero de 2025 en Cabudare, mientras salía de una panadería donde realizaba un curso de panadería. Testigos aseguran que los funcionarios de la Guardia Nacional lo detuvieron “por tener pinta de guarimbero”. Desde su detención, no ha tenido acceso a abogado ni a información sobre los cargos en su contra.
William Javier Colombo
William Colombo, reconocido activista político, fue detenido en julio de 2025 en Cabudare. Dirigentes opositores denunciaron que su detención fue arbitraria y que las autoridades no han revelado el sitio donde permanece recluido.
Eliécer Ramón Sánchez Linárez
El movilizador electoral Eliécer Sánchez Linárez fue arrestado el 23 de mayo de 2025 en Cabudare. El dirigente del PSUV Diosdado Cabello lo incluyó públicamente en una lista de 70 personas que, según afirmó, estaban “involucradas en planes de violencia” antes de las elecciones municipales del 25 de mayo.
Henry López (“El Chino”)
Henry López, exaspirante a la alcaldía de Crespo y dirigente de Un Nuevo Tiempo, fue detenido en junio de 2025. Amigos y allegados aseguran que fue arrestado sin orden judicial y que no se ha informado el motivo de su detención.
Oliver Arrieche
Oliver Arrieche, exaspirante a la alcaldía de Crespo y militante de Vente Venezuela, fue detenido hace tres meses por la Guardia Nacional. Aunque inicialmente se dijo que era investigado por un supuesto delito ambiental, las autoridades no han aclarado los cargos ni su paradero.
María de los Ángeles Castillo
María de los Ángeles Castillo, de 30 años, madre de dos niñas, fue detenida el 8 de julio de 2025 en Río Claro. Un grupo de unos 20 hombres encapuchados irrumpió en su vivienda durante la madrugada. Su familia asegura que no existe orden de detención y que no han tenido noticias de ella desde entonces.
Macario González
El reconocido profesor universitario y exalcalde de Iribarren, Macario González, dirigente nacional de Voluntad Popular, se encuentra desaparecido desde el 12 de septiembre de 2025. Fue visto por última vez al salir de la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto. A pocos metros del lugar, testigos reportaron la presencia de una alcabala policial. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado su paradero.
ONG y familiares exigen respeto a los derechos humanos
Provea, el OVP y otras organizaciones insisten en que estas detenciones constituyen una violación sistemática de los derechos civiles y políticos, y que los casos evidencian una política de persecución hacia la disidencia.
Los familiares de los detenidos reclaman atención médica, acceso a abogados y visitas regulares, además de un proceso judicial transparente.
“Nuestros familiares no son criminales. Son ciudadanos que piensan distinto y han sido castigados por participar en actividades políticas”, declaró una integrante del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
Un patrón que preocupa a la comunidad internacional
Diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han advertido que las detenciones arbitrarias en Venezuela muestran un patrón de represión política que viola tratados internacionales de derechos humanos.
El llamado de las ONG es unánime: la liberación inmediata de los detenidos, la investigación de los abusos y la garantía del debido proceso conforme a la Constitución venezolana y al derecho internacional.
