Notilara
El tema de las excarcelaciones en Venezuela volvió a ocupar el centro del debate público luego de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunciara que más de 400 personas han recibido medidas de libertad desde finales de diciembre de 2024. El señalamiento, realizado durante una sesión parlamentaria, fue presentado por el oficialismo como un gesto político del Ejecutivo, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos ponen en duda el alcance real de este proceso.
Rodríguez explicó que las liberaciones forman parte de una serie de decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Soberanía y la Paz, instancia que —según indicó— ha venido evaluando distintos casos de personas privadas de libertad en el país. De acuerdo con el balance oficial, las medidas comenzaron a aplicarse el 23 de diciembre de 2024 y continuarían desarrollándose de manera progresiva en los próximos días.
El parlamentario describió estas acciones como una muestra de voluntad política por parte del Gobierno venezolano, subrayando que se trata de una decisión “unilateral” y no de una respuesta a presiones externas. Sin embargo, el anuncio no tardó en generar reacciones encontradas, especialmente desde sectores de la sociedad civil que exigen mayor transparencia en el proceso.
Críticas oficiales a Foro Penal
Durante su intervención ante el Parlamento, Jorge Rodríguez dedicó parte de su discurso a cuestionar el trabajo de la ONG Foro Penal, una de las principales organizaciones que lleva el registro de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. El dirigente oficialista calificó como “inadecuada” la manera en la que la organización maneja y difunde la información relacionada con las detenciones y excarcelaciones.
Aunque no ofreció detalles específicos sobre las fallas que atribuye a la ONG, Rodríguez sugirió que los datos divulgados por Foro Penal no reflejan la realidad del proceso impulsado por el Ejecutivo. Estas declaraciones se suman a un largo historial de confrontaciones entre voceros gubernamentales y organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con el número de detenidos y las condiciones de reclusión.
Foro Penal reporta cifras muy distintas
La respuesta desde la sociedad civil no se hizo esperar. Alfredo Romero, director de Foro Penal, difundió un balance alternativo a través de sus redes sociales, en el que aseguró que la organización solo ha podido verificar 56 excarcelaciones correspondientes a su propio registro.
Romero precisó que, hasta el domingo previo al anuncio oficial, Foro Penal contabilizaba más de 800 personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Desde esa base de datos, la ONG ha intentado confirmar cada liberación caso por caso, contrastando información con familiares, abogados y fuentes directas, un proceso que —según explicó— requiere tiempo y verificación rigurosa.
La diferencia entre las cifras oficiales y las documentadas por la organización ha generado inquietud entre familiares de personas privadas de libertad, quienes aseguran vivir en una constante incertidumbre ante la falta de información clara y verificable.
La ausencia de listas oficiales aumenta la incertidumbre
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Foro Penal es la inexistencia de una lista pública con los nombres de las personas beneficiadas por las medidas de libertad. De acuerdo con Romero, esta omisión provoca una “dolorosa expectativa” entre madres, padres, esposas e hijos que esperan noticias sobre sus seres queridos.
La falta de transparencia también dificulta el trabajo de las organizaciones que monitorean la situación de derechos humanos en el país. Sin un listado oficial, resulta complejo confirmar cuántas personas han sido efectivamente liberadas, bajo qué condiciones legales y si las excarcelaciones implican el cierre definitivo de los procesos judiciales o solo medidas cautelares.
En muchos casos, las liberaciones en Venezuela han estado acompañadas de restricciones, como régimen de presentación, prohibición de salida del país o limitaciones para declarar públicamente, elementos que también forman parte del debate sobre el alcance real de estas medidas.
Excarcelaciones en un contexto político sensible
El anuncio de Jorge Rodríguez se produce en un contexto político marcado por tensiones internas y externas. Desde hace años, la situación de los presos políticos en Venezuela ha sido objeto de pronunciamientos por parte de organismos internacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales.
Para el oficialismo, las excarcelaciones forman parte de una estrategia de distensión y de revisión de casos que, según sostienen, han sido manipulados políticamente. Para la oposición y las ONG, en cambio, el problema de fondo sigue siendo la detención arbitraria y el uso del sistema judicial como herramienta de presión política.
La brecha entre ambas narrativas se refleja claramente en las cifras. Mientras el Gobierno habla de más de 400 liberaciones en menos de un mes, Foro Penal insiste en que solo puede confirmar una fracción de ese número, lo que deja abiertas múltiples interrogantes.
Expectativas y demandas de mayor claridad
Familiares de personas detenidas han reiterado su llamado a que las autoridades publiquen información detallada y actualizada sobre las excarcelaciones. Para ellos, más allá de las cifras, lo urgente es conocer el estado real de cada caso y evitar que el proceso se convierta en una fuente adicional de angustia emocional.
Analistas coinciden en que la transparencia será clave para evaluar el impacto real de estas medidas. Sin datos verificables, el anuncio corre el riesgo de convertirse en un nuevo episodio de confrontación política, sin ofrecer respuestas concretas a quienes esperan la liberación de sus familiares.
Por ahora, el proceso de excarcelaciones continúa envuelto en versiones encontradas. Mientras el Gobierno asegura que seguirá otorgando medidas de libertad en los próximos días, organizaciones como Foro Penal mantienen su labor de documentación, insistiendo en la necesidad de información clara, pública y verificable que permita dimensionar con precisión lo que ocurre en el sistema penitenciario venezolano.
