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La polémica en torno al caso conocido como la «Mafia de la Salud» en Lara sigue creciendo. Este lunes, familiares de los 11 detenidos trasladados al Centro Penitenciario David Viloria (Uribana) realizaron una protesta pacífica frente a la Plaza La Justicia, exigiendo respeto al debido proceso, garantías judiciales y la liberación inmediata de quienes consideran inocentes.
Deilyn Montero, madre de uno de los detenidos, relató entre lágrimas que su hijo trabajaba en el almacén del hospital desde hace apenas 10 meses y que está siendo acusado de acaparamiento de medicamentos vencidos sin que existan pruebas contundentes en su contra.
“A estas personas se las llevaron arbitrariamente, expuestas al escarnio público como delincuentes. Fueron detenidos dizque para interrogatorios y ahora están recluidos en una cárcel de máxima seguridad”, denunció Montero.
La protesta estuvo acompañada por pancartas y consignas en las que los familiares pidieron la intervención de las autoridades nacionales y regionales. Montero incluso hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro, al fiscal general de la República y al gobernador Adolfo Pereira, para que se revisen los expedientes.
“Los verdaderos culpables están en oficinas con aire acondicionado. Exigimos que se investigue a fondo y que el ingeniero Rondón, responsable de firmar las salidas de medicamentos, dé la cara”, afirmó.
Por su parte, Marielvis Cuicas, esposa del médico Antonio Vargas, criticó la decisión judicial que ordenaba reclusión en una comisaría durante 45 días de investigación, pero que fue cambiada de forma abrupta para trasladarlos al penal de Uribana.
“No estamos en contra de que se busque la verdad, pero estas personas no son los responsables. Queremos justicia y que se respete su integridad física”, reclamó.
Los familiares también denunciaron que los detenidos se encuentran en condiciones difíciles dentro del centro penitenciario, expuestos a riesgos de salud y sin acceso regular a sus abogados.
El caso de la «Mafia de la Salud» ha generado gran atención pública en Lara, ya que implica un presunto desvío y pérdida de medicamentos en hospitales de la región. Los familiares piden que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, pero que se haga sin atropellos ni detenciones injustas.
