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En vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio, especialistas en derechos humanos, abogadas, organizaciones no gubernamentales y académicos venezolanos alzaron su voz para exigir la creación urgente de una ley específica que combata la trata de personas en el país, fenómeno que sigue en crecimiento en el contexto de la crisis migratoria y económica nacional.
Durante el VI Seminario sobre Trata de Personas, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se evidenció la necesidad de atender con urgencia este flagelo, que ha dejado más de 4.700 víctimas rescatadas entre 2019 y 2023, la mayoría mujeres, niñas y adolescentes venezolanas, captadas y explotadas por redes criminales.
La trata de personas: crimen transnacional que afecta sobre todo a mujeres venezolanas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la trata de personas como una “lacra mundial perpetrada por la delincuencia organizada”, y resalta que las víctimas son trasladadas a distancias cada vez más largas, sufren mayores niveles de violencia, permanecen más tiempo bajo control de sus captores y son explotadas con fines cada vez más lucrativos.
En Venezuela, este crimen tiene características particulares. La migración irregular masiva, la pobreza estructural y la falta de institucionalidad han creado un caldo de cultivo para que miles de personas —en especial mujeres y niñas— sean engañadas, reclutadas y explotadas dentro y fuera del país.
UCAB: urge legislación nacional específica y respuesta estatal coordinada
En la jornada del seminario, celebrada en la sede de la UCAB en Caracas, la directora del CDH UCAB, Carla Serrano, destacó que la universidad tiene como línea estratégica de investigación la esclavitud moderna, así como la protección de personas migrantes y refugiadas. Afirmó que la lucha contra la trata requiere colaboración entre el Estado, la academia y la sociedad civil:
“Lo ideal hubiera sido tener aquí a representantes del Estado para dialogar y discutir este tema. Este es un fenómeno que nos interpela a todos. Solos no encontraremos la solución.”
Zonas críticas en Venezuela: Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta bajo la lupa
La coordinadora del CDH UCAB en Guayana, Eumelis Moya, denunció la existencia de “rutas de esclavitud moderna” en Venezuela, donde se han documentado casos de trata y explotación en regiones como Bolívar, Anzoátegui y Nueva Esparta, zonas con alta actividad minera, turística y de tránsito irregular de personas.
Moya alertó que el problema no solo está en las redes de tráfico humano, sino también en la normalización de estas prácticas por parte de una sociedad que ha perdido su marco normativo:
“La anomia, la falta de regulación y el debilitamiento del control social han permitido que estas prácticas se perpetúen sin consecuencias. Hay impunidad, corrupción, y llegó la hora de avanzar hacia una legislación clara y firme sobre la trata de personas.”
¿Por qué se necesita una ley específica?
Aunque Venezuela ha firmado convenios internacionales y contempla algunas disposiciones en su legislación penal relacionadas con la trata de personas, los expertos coinciden en que no existe un marco normativo integral, actualizado y operativo que permita:
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Prevenir eficazmente la trata.
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Investigar y judicializar a los responsables.
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Proteger a las víctimas y garantizar su reintegración.
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Coordinar instituciones del Estado con organismos internacionales y ONGs.
La falta de una ley específica deja muchos vacíos legales que dificultan la acción de las autoridades y limita las posibilidades de cooperación internacional en esta lucha.
Las víctimas: mujeres, adolescentes y niños en situación de vulnerabilidad
El seminario dejó claro que las principales víctimas en Venezuela son mujeres y menores de edad, especialmente aquellos que migran de manera irregular o viven en condiciones precarias. Las redes de trata prometen oportunidades laborales, viajes o relaciones afectivas que terminan en explotación sexual, esclavitud laboral o trabajos forzados.
Muchas víctimas no denuncian por miedo, desconocimiento o amenazas, y otras ni siquiera saben que están siendo víctimas de trata, debido a la naturalización de la explotación y el abuso.
