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Una grave denuncia sobre una red de venta ilegal de boletos hacia Venezuela ha salido a la luz pública, luego de que Diego Medina, un taxista que labora en las inmediaciones de la Terminal de Transportes de Cúcuta, revelara pruebas documentadas sobre esta actividad irregular, que según asegura, lleva al menos dos años operando sin control, incluso con conocimiento de algunas autoridades.
La situación ha generado alarma entre trabajadores formales del transporte y defensores de los derechos del pasajero, quienes advierten sobre los riesgos que esta práctica representa para la seguridad de los viajeros y el cumplimiento de las normativas binacionales.
¿Pasajes ilegales a la vista de todos? Así operaría la red
De acuerdo con la denuncia de Medina, la venta de pasajes hacia territorio venezolano no se realiza en taquillas oficiales sino directamente en los autobuses, utilizando tácticas como el “jaloneo” y el “pregoneo” para atraer pasajeros. Una vez captados, los boletos son cobrados fuera del terminal, específicamente en puntos como Los Patios, donde supuestos agentes suben a los vehículos, cobran en efectivo y luego descienden antes de que los buses lleguen a la terminal formal, evadiendo así controles legales y fiscales.
Según Medina, al menos dos empresas colombianas estarían aliadas con compañías venezolanas para ejecutar esta actividad irregular, operando al margen de cualquier convenio formal entre ambos países. El denunciante asegura que el Ministerio de Transporte colombiano le confirmó que no existen acuerdos internacionales vigentes que permitan esta modalidad de venta.
Además, señala que algunos locales de la terminal que aparentan ser sanitarios funcionarían como puntos encubiertos de venta de boletos, simulando ser operadores legítimos cuando en realidad estarían formando parte de la red.
Un problema que las autoridades no atienden
Pese a haber presentado pruebas concretas ante la Procuraduría General de la Nación y la gerencia de la terminal, Medina asegura que no ha recibido una respuesta efectiva. “Lo único que falta es voluntad política para actuar. Hay denuncias formales, hay videos, hay radicados. ¿Qué más se necesita?”, afirmó el taxista en una reciente entrevista.
Medina insiste en que su denuncia no busca perjudicar a ninguna empresa formal, sino proteger a los pasajeros que pueden estar siendo víctimas de estafas o puestas en riesgo al viajar sin las garantías que ofrecen los canales legales. También enfatizó el daño económico que sufren los transportistas y trabajadores que sí cumplen con la ley.
Riesgos para el pasajero y para el control fronterizo
Más allá de la ilegalidad, esta práctica representa un riesgo para la seguridad de los viajeros. Al no estar registrados oficialmente, los pasajeros no cuentan con respaldo en caso de accidentes, no tienen derecho a reembolso, y podrían ser víctimas de abuso, maltrato o sobreprecio.
Además, la operación irregular de rutas internacionales sin control fronterizo formal pone en entredicho la seguridad migratoria y aduanera de Colombia y Venezuela, y podría facilitar delitos como el tráfico de personas, el contrabando o el transporte de mercancías ilícitas.
Llamado urgente a las autoridades de Cúcuta y Bogotá
En un último intento por detener esta situación, Diego Medina hizo un llamado público al alcalde de Cúcuta, solicitando su intervención directa y la creación de una mesa de trabajo que reúna a entes como la gerencia del terminal, el Ministerio de Transporte, Migración Colombia, la Policía Nacional y representantes del sector transporte formal.
El denunciante también anunció su disposición a viajar a Bogotá para entregar personalmente todas las pruebas recabadas a las autoridades competentes. “Estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Esto no es una guerra contra nadie, es una lucha por la legalidad y por el respeto a los usuarios del transporte”, concluyó.
